Un hueco que no cavaron los trabajadores
El gobierno de Schiaretti logró la aprobación de dos leyes en la Unicameral que recortan derechos de Luz y Fuerza, con la excusa de ahorrar 193 millones de pesos anuales a Epec. Sin embargo, desde el sindicato recordaron que la empresa arrastra un déficit de casi mil millones de pesos de 2017, producto de la modificación en la facturación de las boletas, la bonificación de la energía a Comercios e Industrias y la postergación de un aumento del 2016.
jueves, 24-mayo-2018
Los trabajadores reclaman garantizar una Epec pública y provincial
Con el voto mayoritario de UPC y el rechazo de toda la oposición (entre abstenciones y votos en contra), la Unicameral convirtió en ley dos proyectos que afectan derechos consagrados en el convenio colectivo de los trabajadores de Luz y Fuerza: abonar el 20% del valor de la tarifa una vez superado los 200Kw/h por mes y la eliminación del fondo compensador que el gremio destinaba a las jubilaciones.
Estas modificaciones implicarían –según las autoridades de Epec- un ahorro para la empresa de energía de 193 millones de pesos anuales (114 por el recorte del consumo energético y 79 millones por el Fondo) que Schiaretti mandó a aprobar en la Legislatura, y que se completaría con un proyecto de pasividad anticipada que el gobierno estudia para achicar la planta de presonal.
Sin embargo, desde Luz y Fuerza recordaron que Epec arrastra un déficit del 2017 de casi mil millones de pesos, producto de decisiones que el propio directorio tomó. Según números contables de la empresa a las que accedió este portal, el cambio en la facturación le significó a Epec una pérdida de 330 millones de pesos, producto de que la mitad de la boleta fue consumida por los usuarios pero no facturada.
El otro rojo obedeció a la decisión del directivo de bonificar la tarifa que pagan Comercio e Industrias de Córdoba, y la postergación de un aumento tarifario del 6,15% de octubre de 2016 que según información de la empresa “significó a Epec dejar de cobrar 600 millones de pesos en el ejercicio contable de 2017”.
Siguiendo el libreto que ahora no solo baja desde la Casa Rosada, sino directamente desde Washington, ayer los legisladores de UPC (con la excepción de Pihen, Bustos y Vissani) apuntaron contra los derechos laborales como variable de ajuste. El gremio respondió que “ninguna norma provincial puede estar por encima de una ley nacional”, y adelantaron que recurrirán a la Justicia para defenderse. “Es un mamarracho lo que se votó en la Legislatura provincial”, aseguró Dante Maldonado, vocero de Luz y Fuerza.