Un náufrago en el mar de offshores

El gobierno intentó echarle tierra al fuego mediático que ardía sobre el exsubsecretario de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por tener una cuenta oculta con 1,2 millones de dólares en Andorra. Sin embargo, la Justicia avanzó contra el hombre de Cambiemos: la fiscal Alejandra Mángano lo imputó por presunto lavado de dinero y llevará adelante una investigación para determinar su culpabilidad.

La funcionaria judicial pidió documentación probatoria que incluye sus declaraciones juradas para probar si los fondos que el exfuncionario tenía en Andorra tuvieron un origen ilícito y el acusado buscaba insertarlos en el mercado. Según dijo en un principio, Díaz Gilligan depositó ese dinero para hacerle un favor a Paco Casal, polémico empresario uruguayo vinculado al fútbol a quien definió como su “amigo”.

El dinero provenía de la firma británica Line Action, controlada por la offshore panameña Nashville North Inc.

Esta acción judicial se inició a partir de una denuncia presentada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade. La fiscal Mángano detalló que “el nombrado -Díaz Gilligan- no habría informado la suma de 1,2 millones de dólares al momento de presentar las declaraciones juradas respectivas ante la Oficina Anticorrupción, según lo normado por el art. 4 de la ley 25.188 de Ética Pública“. El pedido fue elevado al juez de la causa, el siempre discutido Claudio Bonadío.

A pesar de que el gobierno intentó defenderlo en un principio, Díaz Gilligan pagó los platos rotos de muchos casos similares con otros nombres del gabinete. En un mar amarillo de offshores, Díaz Gilligan naufragó.