Un Pino para que no se tape el bosque
El senador Pino Solanas denunció penalmente a Juan José Aranguren por la compra de gasoil a empresas offshore vinculadas a Shell de las que fue director cuando era CEO de la petrolera holandesa.
viernes, 10-noviembre-2017
Pino Solanas denunció al ministro Aranguren y pidió su renuncia.
Los Paradise Papers y sus implicancias en Argentina siguen teniendo rebote en el ámbito político nacional. Y parece que todavía queda para rato. En esta ocasión, el senador Pino Solanas, líder de Proyecto Sur, acudió a la Justicia para hacer una denuncia penal contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por haber comprado durante su gestión gasoil a sociedades offshore de la que, casualmente, fue director.
Esas offshore son algunos de los brazos de la petrolera Shell, de la que Aranguren era CEO hasta poco antes de pasar a la función pública, desde donde ha favorecido invariablemente a su ex multinacional.
En su denuncia, Solanas puntualizó que el actual ministro nunca hizo figurar en sus declaraciones juradas las sociedades offshore que dirigió. Las empresas son Shell Western Supply and Trading Limited -a la que le compró gasoil- y Sol Antilles y Guianas Limited.
El senador repasó la lista de irregularidades de la gestión de Aranguren, como la provisión de gas a Bolivia, los contratos con sobreprecios con Chile -donde también terciaron empresas vinculadas a Shell- y el caso de estas offshore. “En cualquier gobierno serio del mundo un ministro con los errores de Aranguren ya estaría en su casa. ¿Qué está esperando Mauricio Macri para pedirle la renuncia?”.
Aranguren explicó que las compras a esa sociedad offshore se realizaron porque “fue la compañía que ofertó el precio más conveniente para el Estado”. Las operaciones totalizaron unos 150 millones de dólares. Además, admitió que este tipo de sociedades se radican en países que tienen “un régimen tributario favorable” -eufemismo para decir que son guaridas fiscales- y aludió que “no existen limitaciones legales en el comercio internacional para operar con empresas de estas características”.
Más allá de la cuestión legal, se trata de un funcionario público defediendo la gambeta impositiva, es decir la posibilidad de que una empresa opere por montos millonarios en el país y no tribute ninguna clase de impuestos, cosa que empobrece las arcas estatales.