Un regalito a las telefónicas

Macri decidió privatizar frecuencias del espacio radioeléctrico asignadas de forma exclusiva a ARSAT. El DNI publicado en el Boletín Oficial modifica y contradice la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital y habilita al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a poner en concurso  bandas de frecuencia de 3G y 4G para las empresas de Telecomunicaciones, lo que profundiza el nivel de concentración.

 lunes, 21-enero-2019


El nuevo decreto señala que la participación en las nuevas señales no podrá ser menor al 20 por ciento, lo que beneficia al sector oligopólico integrado por Telecom-Cablevisión, Telefónica y Claro, los tres grandes jugadores del hiperconcentrado mercado argentino.

Lanzado de lleno a la campaña electoral, Macri avanza sobre lo que el Congreso no había consensuado, porque el Senado se había negado el año pasado a la privatización del espectro asignado a la estatal ARSAT, cuya ley (la 27208) obliga a debatir en el Parlamento cualquier decisión que modifique el espectro “preferencial” asignado a ARSAT.

“El DNU, por un lado, invoca la autoridad de la ley 27208 de desarrollo satelital que otorgaba preeminencia a la empresa estatal ArSat, mientras que decreta el desmonte de sus recursos y de las atribuciones legales fijadas por dicha norma en noviembre de 2015”, advirtió el investigador Martín Becerra, quien presentó proyectos en el Congreso que nunca fueron escuchados por el oficialismo.

Esta decisión amplía el decreto 1340 de 2016, con el cual el gobierno habilitó a que las telefónicas ingresen al mercado de los servicios audiovisuales y hasta puedan ofrecer servicios satelitales en todas las localidades del país de más de 80 mil habitantes. Lo único que había logrado la oposición en el Senado fue estirar un poco las fechas. En lugar de que estos gigantes pudieran aterrizar en lugares pequeños desde el 1 de enero de este año, lo harán a partir de julio de 2020 eb Buenos Aires, Córdoba y Rosario, hasta enero de 2021 en las ciudades de más de 100 mil habitantes y hasta enero de 2022 en las localidades de menor densidad poblacional.

El DNU deberá ser aprobado por la Comisión Bicameral, donde el oficialismo no tiene una mayoría asegurada. “¿Por qué sancionar un DNU sobre un tema que tenía una iniciativa de diputados del Gobierno con media sanción en Senadores?, se preguntó el especialista Santiago Marino, quien inscribió la decisión del oficialismo como un “rasgo característico de la Política de Comunicación de Cambiemos”.

Política desde que llegó a la Rosada no ha sido otra que favorecer la expansión de los pulpos comunicacionales con el derecho a la libertad de expresión como moneda de cambio.