Un sueldo por apellido

Javier González Fraga, miembro de la élite que gobernó el país durante estos últimos cuatro años, incurrió en un delito al continuar cobrando su sueldo como presidente del Banco Nación – cargo que todavía ocupa porque se negó a renunciar dificultando el nombramiento de su sucesor Eduardo Hecker – y, en simultáneo, una cifra elevada por ser integrante del directorio del Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex). Según un decreto de los años ’60, la presidencia de la entidad pública argentina tiene prohibido cobrar otro sueldo que no provenga de la docencia, motivo por el cual sus antecesores donaban esos ingresos a través de la Fundación Banco Nación.

De esta manera, el ex director del Banco Central durante la primera presidencia de Carlos Menem, está cobrando desde hace tres años y cuatro meses unos 79.920 dólares anuales por su cargo en el Estado y unos 80 mil dólares por su puesto en el Bladex. Sin contar estos cuatro meses de resistencia a dejar su cargo, Javier González Fraga percibió – en total por ambas funciones – casi 480 mil dólares desde el 2017 al 2019. Sin donar ni un peso, incluyó parte de sus ingresos como propios, por lo que su patrimonio se incrementó en un 70% de acuerdo a sus DDJJ correspondientes al año 2018 y 2019.

El economista y político radical, además de presumir de doble apellido y doble sueldo, es uno de los dueños de las grandes fortunas de la Argentina. Y no sólo eso: también es propietario de frases clasistas – e inolvidables – tales como que el kirchnerismo le hizo creer a un empleado medio que podía “comprar celulares, plasmas, autos y viajar al exterior”. En su momento, desacreditó la masividad de la Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia al declarar que, donde él tiene su campo, “ofrecían 500 pesos y choripanes a los que fueran”. También se mostró en contra de aumentar salarios porque, de esa manera, “los empresarios contribuyen a la estabilidad de los precios”.

El ex funcionario de Mauricio Macri está imputado judicialmente en la causa Vicentin – una de las empresas agroexportadoras que financió la campaña electoral de Juntos por el Cambio – por autorizar, a través del Banco Nación, créditos por 18.500 millones de pesos a la compañía que había cometido irregularidades con la devolución del dinero.