Una convención de cocodrilos
Tanto Telecom, como Telefónica y Claro mantuvieron un silencio de radio cuando Mauricio Macri favoreció - mediante decreto y sin necesidad ni urgencia- la concentración de las empresas del sector y derogó el artículo de la Ley de Argentina Digital que establecía el carácter público y esencial de las TIC. Ahora, frente al DNU del gobierno nacional, emitieron un comunicado en donde se quejan por no haber sido consultados, advierten sobre las dificultades que tendrán para las inversiones y se preocupan por la “incertidumbre” que tendrán los clientes.
martes, 25-agosto-2020
Acostumbrados a las ganancias extraordinarias, la falta de competencia y la concentración empresarial, el sector de las telecomunicaciones lanzó una solicitada en donde se quejan del DNU que declara servicios públicos esenciales a la telefonía, Internet y la TV Paga.
Sin ningún tipo de vergüenza, con rostro de mármol y burlándose de la mayoría de la población, las empresas monopólicas que integran el sector de las telecomunicaciones emitieron un comunicado en donde rechazan el DNU 690/20, a partir del cual el gobierno nacional declara como servicios públicos esenciales la telefonía, Internet y la TV Paga y suspende los aumentos tarifarios hasta fin de año, dado el contexto de pandemia que ubicó a éstos en un lugar fundamental para el desarrollo de las actividades cotidianas – trabajo, educación, relaciones sociales – de les argentines.
Firmada por Telecom, Telefónica, Claro, Direct TV (entre otras), la solicitada reclama que no fueron consultados frente a “semejante cambio de reglas intempestivo”, advierte sobre el “profundo impacto negativo” que tendrá para “todos los actores” – mezclando a les trabajadores en el combo – y manifiesta su preocupación por la “incertidumbre” que padecerán les clientes. En su berrinche, también aseguran que esto significa “un freno a la industria TIC” y que la designación de “servicio público” limitará el incentivo para “la innovación y la competencia”.
Protegidos por una oposición que funciona como oficialista a los intereses de las grandes corporaciones, aducen que hay “1200 prestadores, pymes y cooperativas que permiten a los usuarios optar por distintas ofertas de conectividad, en todas las provincias y municipios del país”. “El número es correcto, pero no es correcta la idea de que pueden optar”, corrigió Sergio Salinas Porto, presidente de Internauta (Asociación Argentina de Usuarios de Internet). “Prácticamente no existe la competencia. Los usuarios terminan contratando una empresa que es la única que está en tu barrio”, aclaró a Al Revés.
También cuestionó el punto en donde dicen haber conseguido “una cobertura de hasta el 95% de la población del país”. “No es real. Ellos cuentan la fibra óptica extendida que no es lo mismo que llegar con la fibra adentro de tu casa”, remarcó el titular de FLUI (Federación Latinoamericana de Usuarios de Internet). “Sólo en los ABC1 (el segmento socioeconómico alto) y en los centros urbanos hay buena conectividad con velocidad respetable. Cuando te vas a los barrios menos poblados, no hay fibra y en algunos casos no hay ni siquiera el par de cobre para darte banda ancha de hasta 6 mb”, explicó.
Un silencio oportuno
El sector de las telecomunicaciones fue uno de los más beneficiados por el gobierno de Mauricio Macri. En el período 2016-2019, aumentó sus tarifas en un 326% y, según el Centro de Economía Política, esto se debió principalmente a la falta de competencia y la concentración empresarial. Sumado a esto, el ex presidente de Cambiemos acrecentó el poder de estos grupos – mediante decreto y sin que mediara ningún tipo de necesidad y urgencia – al derogar los artículos antimonopólicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y al anular otros de la Ley de Argentina Digital que establecían el carácter público esencial de estos servicios. Obviamente, ni Telecom, ni Telefónica, ni Claro, ni las otras compañías dijeron absolutamente nada en esa ocasión.