Una historia de intervenciones judiciales

Macri pidió la cabeza del juez federal Ramos Padilla por su investigación sobre Stornelli, un íntimo del Presidente, ratificando una conducta que históricamente llevó a cabo para salir ileso de múltiples causas en su contra. Desde el salvataje de la Corte menemista en 2002, al archivo de la causa por las escuchas ilegales, los Panamá Papers y las dilaciones por la estafa del Grupo al Correo Argentino.

 martes, 19-marzo-2019


Macri pidió por televisión que destituyan al juez federal Alejo Ramos Padilla, por su investigación de una red de espionaje ilegal que salpica a ministros del gobierno y al fiscal Carlos Stornelli, íntimo de Macri, ex jefe de Seguridad de Boca Juniors y quien tiene a su cargo la causa de “los cuadernos” contra el kirchnerismo.

El hecho implica una gravísima intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, conducta que Macri ha naturalizado desde la época en que no era más que el heredero del imperio construido por papá Franco. Para dimensionar que la avanzada contra el juez de Dolores -que acaba de ser respaldado por la Corte Suprema-, no es más que una mancha más al tigre, repasamos los casos más resonantes en los que Macri fue beneficiado por la corporación judicial:

El 8 de agosto de 2002, la Corte Suprema menemista perdonaba a Mauricio Macri en la causa de contrabando de autos desde Uruguay, con un fallo que le costaría el cargo al presidente de aquel desprestigiado tribunal, Julio Nazareno, cuando al año siguiente el gobierno de Néstor Kirchner inició juicio político a 5 ministros de la Corte. Mauricio y Franco había sido acusados por irregularidades en las exportaciones de SEVEL a su filial uruguaya.

Ya como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue acusado por escuchas ilegales a su cuñado y a familiares de las víctimas de la Amia. En octubre pasado, luego de cinco años procesado, la Cámara Federal de Casación Penal la anuló cuando este año tenía fecha de juicio. Uno de los jueces de esa Cámara, Carlos Mahiques, fue nombrado por Macri.

Un mes antes de esa anulación, las juezas Maria Lilia Gomez Alonso y Matilde Ballerini le concedieron a la familia Macri diez meses de prórroga para que sigan sin pagar los 70 mil millones de pesos que le deben al Estado Nacional por el canon nunca abonado del Correo Argentino, empresa que Menem le entregó al Grupo en los 90, luego de que Mauricio convenciera a Franco de diversificar las empresas y apostar al gerenciamiento de los servicios públicos.

El escándalo mundial de los Panamá Papers tenía su capítulo argentino, con el Presidente Macri como uno de sus protagonistas estelares. Se lo acusaba de ser el titular de por lo menos dos sociedades offshore para evadir el pago de impuestos en el país: Fleg Trading (Bahamas) y Kagemusha (Panamá) Lo que en otros países significó el fin de la carrera política de quienes aparecían en esos documentos, en la Argentina no encontró respaldo judicial. El juez Andrés Fraga lo desvinculó de la causa y la cerró. Como siempre, el único malo era papá Franco.

La república te la debo

El avasallamiento de la división de poderes quedó expuesta cuando Macri nombró por decreto a los actuales ministros de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, aunque tuvo que dar marcha atrás por el escándalo generado afuera y adentro de la Alianza Cambiemos.

El paso siguiente fue conseguir que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, renunciara a su cargo, luego de un hostigamiento mediático feroz digitado desde la Casa Rosada. Lo mismo que hizo con el juez Luis Arias, que falló en contra del tarifazo del gas, o el juez Luis Carzoglio, a quien se le inició un jury porque se negó a encarcelar al gremialista Pablo Moyano.

La última estocada es contra Ramos Padilla, el juez de Dolores que acaba de meterse en la cueva del lobo.