Una inspección que huele muy mal

Mientras todas las miradas apuntaban al recambio del gobierno nacional, el martes a las 10.30 los vocales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Leonardo Massimino y María M. Angelóz, realizaron una inspección ocular en el predio pretendido por Cormecor para instalar el tercer enterramiento sanitario más grande de Sudamérica.

Pero no llegaron solos: un impresionante despliegue policial intentó impedir el ingreso al acampe instalado en el acceso al predio sobre ruta 36, de las personas de Villa Parque Santa Ana y Bouwer que llegaron al lugar para manifestar su rechazo a la instalación del basural. Hasta el ETER, grupo élite de la policía, llegó para acompañar a motos, autos y hasta un camión de traslado de detenidos.

“No entendemos esta puesta en escena, absolutamente violenta contra un grupo de personas y vecinos que están reclamando por sus derechos ambientales, que quieren vivir en un ambiente sano, y que desde hace tres años vienen denunciando irregularidades en el otorgamiento de la licencia ambiental de Cormecor en este lugar”, afirmó a este portal Eliana Lacombe, antropóloga y perito en representación de los 450 vecinos que presentaron un amparo colectivo contra la instalación de Cormecor en 2016.

Múltiples irregularidades

“Las irregularidades en el estudio de impacto ambiental las venimos denunciando desde hace tres años y quedaron demostradas a lo largo de todo el estudio pericial, que llevó 2 años y que se conoció hace un par de meses”, agregó Lacombe.

El informe citado por la perito señala que el predio elegido por Cormecor no se encuentra a la distancia recomendad por la Universidad Nacional de Córdoba, como lo sostiene Cormecor. “La universidad había recomendado un apartamiento mínimo de 4km de cualquier lugar habitado, y el predio donde se quiere instalar el basural está a 900 metros del ejido de Villa Parque Santa Ana, a menos de 2km de la localidad de Bower y a 3km de la localidad de Los Cedros. Pero incluso a mucho menor distancia de los parajes Alto El Durazno, que está habitado, y de Potrero del Estado. Ambos están ubicados en la zona buffer (impacto directo), como así también la escuela Cornelio Saavedra, que tiene nivel inicial, primario y secundario, y la propia cárcel de Bower”, precisó Lacombe.

Según ella, “todo esto se verificó en la inspección ocular del marte llevada a cabo por la justicia, pero estamos preocupados porque el acta de la inspección no fue lo contundente que esperábamos”.

Además, se pudo constatar que el campo donde se ubicaría el basural, y que está inhibido por la justicia, está sembrado y cosechado con soja y maíz. “También se han hecho intervenciones en las barrancas que se produjeron luego de la inundación del 2017, que inundó además la planta de tratamiento de residuos peligrosos, Taym”, advirtió la perito.

“Ninguno de estos hechos verificados constan en el acta judicial”, afirma Lacombe, quien espera que el fallo de la justicia cordobesa sea “favorable a los vecinos, que se ajuste al derecho de la ciudadanía y pueda inspirar al nuevo gobierno de Córdoba a realizar una política ambiental seria, ajustada a la normativa para que redunde en la salud de toda la población de la Provincia”, finalizó la perito.

Si se tienen en cuenta la millonaria inversión que implica Cormecor, los intereses que están en juego y las políticas ambientales que ha tomado la actual administración provincial, los motivos para ser optimistas sobre la resolución judicial no son muchos.