Una ley que vaya al grano

Luego de su clausura en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem y tras casi 60 años de existencia, un proyecto de ley busca rvivir a la Junta Nacional de Granos y devolver al Estado Nacional el control del comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos, así como la regulación medidas para evitar los monocultivos y concientizar a los productores sobre la proyección de las siembras “en función de los saldos de exportación o importación” y para “garantizar la estabilidad interna de sus precios”.

El proyecto, que lleva la firma de la senadora de Río Negro, Silvina García Larraburu, perteneciente a la bancada del Frente de Todos, fue presentado por primera vez en 2013, cuando la legisladora era diputada, y desde entonces continuó siendo propuesto a medida que perdía estado parlamentario, en 2014, 2016 y 2018. Esta vez, la inciativa ya está vigente en la agenda d la Cámara de Senadores pero, según datos publicados por La Nación, “no forma parte de la agenda de trabajo”.

Sin embargo, desde sectores opositores vinculados a la actividad agropecuaria, organizaciones de productores y referentes varios, la resistencia se hizo viral en las redes sociales. “La Junta es una herramienta diseñada en la década del treinta, en otro contexto internacional de precios y también productivo. En este momento hay una política nefasta que, en lugar de defender el precio del productor, hay retenciones que fijan un techo a los valores de la producción. Si el Frente de Todos cree que una junta nacional de granos sirve para defender al consumidor está equivocado, el productor nunca fue quien definió el valor al consumidor. Deberían saberlo”, escribió Alfredo De Ángeli.

Creada en 1933 durante la presidencia de Agustín P. Justo, la Junta Reguladora de Granos tenía entre sus funciones la de comprar trigo, maíz y lino para venderlos a los exportadores y según precios establecidos por el gobierno.

El proyecto de García Larraburu propone que el nuevo organismo tenga entre sus misiones la de “controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos”, así como la de “garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo”, “tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos”, “producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios”.

Además, la Junta será la encargada de fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, “en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte”, “autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes”.

Luis Miguel Etchevere, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, fue otro de los detractores del proyecto, que en su cuenta de Twitter expresó: “Duplicaron las retenciones, desdoblaron tipo de cambio, se resisten a firmar tratados de comercio, y ahora un proyecto de Junta de Granos. Todo lleva a la decadencia y la generación de pobreza”.