Una manito para que se haga la luz

Representantes de la Comisión Directiva del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba participaron de una reunión con vecinos de la zona de Villa El Libertador en la que pusieron a disposición sus abogados para ver qué acciones pueden tomar ante el aumento desmedido de la tarifa y la quita de subsidios. Las agrupaciones de vecinos le manifestaron al sindicato que las boletas se volvieron impagables.

“Una agrupación de vecinos estaba tramitando un recurso de amparo contra el tarifazo porque están impedidos de pagar el servicio. Más tarde o más temprano, Epec les va a retirar el medidor. Gabriel Suárez –secretario general del gremio- les dijo que tienen a disposición nuestros asesores legales”, aclaró Dante Maldonado, vocero del gremio, ya que se deslizaron algunas versiones de que desde Luz y Fuerza se estaba promoviendo el robo de energía. El abogado del sindicato es el Dr. Claudio Orosz.

Maldonado aclaró que no fue una maniobra planificada por el gremio de juntar organizaciones para iniciar acciones de manera masiva, sino que respondió a una necesidad de los vecinos: “Nosotros no salimos a buscar organizaciones para ofrecer los servicios de nuestros asesores letrados. Hicimos un ofrecimiento de poner a disposición sin cargo parte de nuestra estructura”.

El vocero subrayó el problema que genera la modificación de la tarifa social y consideró que “el gobierno provincial tiene que dar marcha atrás con la tarifa social que implementó y volver a la que teníamos hasta marzo de este año”. En la nueva modalidad, se otorgan sin cargo 150 kW pero el excedente se factura al 100 %, sin subsidio. “Eso alcanza para una heladerita y un par de lámparas. Si hay un freezer o cualquier otro aparato eléctrico ya se pasa (televisores, computadoras, calefactores o aparatos para refrigerar). Si el gobierno nacional dejo de subsidiar tendrá que subsidiar la provincia. A los vecinos de menores recursos se les debe garantizar el servicio”, graficó Maldonado.

Además, aclaró que la problemática afecta no sólo a los barrios más humildes sino también a los de clase media y a muchos comercios. “Privar a la gente del servicio eléctrico es prácticamente violar un derecho humano. Les van a retirar el medidor”, alertó el representante del gremio, al tiempo que aclaró que “las acciones llevadas a cabo se oponen a las medidas del gobierno provincial, no son contra la empresa”.