“Usan las herramientas del Ministerio para disciplinar gremios”

El abogado laboralista Eugenio Biafore sostuvo que las multas impuestas a sindicatos por la autoridad laboral no pueden ser confiscatorias ni de un monto tal que limite a los gremios en su “acción politíca y autonomía sindical”, porque se violarían disposiciones constitucionales y de la OIT. El portal Al Revés dialogó con Biafore sobre la validez y signficado político de las penalidades económicas aplicadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación al gremio de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, y por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires al sindicato docente Suteba, que encabeza Roberto Baradel. Las multas se aplicaron como castigo al no acatamiento de conciliaciones obligatorias impuestas por las respectivas secretarías de Trabajo. Son millonarias: $810 millones a Camioneros y $660 millones a Suteba.

“Nadie discute la facultad sancionatorio de la autoridad laboral frente incumplimientos de una Conciliación Obligatoria, establecidas en el marco de leyes nacional o provinciales, pero también es cierto que a la patronal no las penalizan cuando no acatan”, remarcó el abogado. “Las multas impuestas no pueden ser confiscatorias, como en este caso, no pueden limitar la autonomía de un sindicato ni ser un exceso que prácticamente se convierta en una intervención”, indicó. En el caso de Camioneros, la Justicia ya trabó el embargo por el monto.

Biafore destacó que no son “cualquier gremio” los sancionados, sino dos que “están enfrentados, por los motivos que sean, a las políticas económicas de los gobiernos”. Y en ese sentido, consideró que los Ministerios de Trabajo “actúan como juez y parte al tratar de minar y disciplinar a sectores sindicales que se oponen al gobierno, no importa por qué motivos lo hagan ni si alguna vez fueron aliados”.

En estos casos, la contraparte del sindicato, aunque sea de trabajadores del sector privado, es la propia cartera laboral, cuestionó el laboralista. “Acá el ministro Jorge Triacca se salió del rol de mediador, de facilitador, para convertirse en un aplicador de la política laboral del Gobierno en contra de trabajadores en conflicto. Está usando las herramientas del propio Ministerio para cercenar la actividad sindical, que está protegida por ley”, explicó.