“Van contra la biblia de los derechos laborales”

Por Camilo Ratti

El triunfo en las elecciones legislativas convenció al gobierno nacional de ir por dos objetivos estructurales de su proyecto político: la reforma laboral y la reforma previsional, exigencias del mundo empresario que hoy controla y conduce el poder del Estado, además de los organismos internacionales de crédito con el FMI a la cabeza. “Este proyecto de reforma laboral, amplia y profunda, busca liquidar la Ley de Contratos de Trabajo sancionada en 1974, que es la ley base, el piso de los derechos laborales”, advierte Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y uno de los especialistas más reconocidos del país.

Al rechazo que hoy informó la CGT, y ayer las dos CTA por considerar el proyecto “una pérdida de derechos de los trabajadores”, Cremonte le sumó el componente histórico-político: “La ley de Contrato de Trabajo fue modificada por la dictadura para cercenar derechos y mutilar muchos de sus artículos. Sin embargo, este nuevo proyecto de Macri profundiza esos recortes de derechos laborales y va más allá de lo que logró la dictadura”.

En este sentido, el especialista señaló algunos de los puntos muy perjudiciales para los trabajadores del proyecto en marcha, como la tercerización y subcontratación: “Si bien la ley de contrato de trabajo permitía la tercerización, establecía que el convenio colectivo debía ser el mismo para todos, lo que obligaba al empresario a garantizar el mismo salario y derechos para los que eran tercerizados”.

Y aunque la dictadura modificó ese artículo y eliminó el mismo convenio para todos, tercerizados y no, estableció la responsabilidad solidaria del empleador principal, que aseguraba que la empresa pague la indemnización al trabajador subcontratado en caso de despido sin causa. “Esa responsabilidad solidaria es eliminada en el proyecto que busca aprobar el macrismo”.

Otro aspecto negativo que plantea el actual proyecto es el referido al tiempo de prescripción: “En 1974 un trabajador tenía 4 años para reclamar en caso de despido, la dictadura lo bajó a 2 y este proyecto busca reducirlo a 1 año”.

“El proyecto de reforma laboral del gobierno nacional profundiza el cercenamiento de derechos que la dictadura de 1976 había aplicado a la Ley de Contratos de Trabajo sancionada en 1974”.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

La letra de Martínez de Hoz

Tan nefasto es para los trabajadores el proyecto de reforma laboral macrista, que en su primer artículo deja en claro su posición ideológica: “Dice que es necesario liberar las fuerzas productivas, textual del discurso de Martínez de Hoz cuando asumió como ministro de Economía en 1976 durante el gobierno de Jorge Rafael Videla”.

Para Cremonte, lo más grave del proyecto es que afecta el principio de irrenunciabilidad, “pilar de la Ley de Contrato de Trabajo, porque en una relación donde la parte más débil es la del trabajador, éste nunca renuncia a lo estipulado en la Ley de Contrato de Trabajo, ni lo que dice el Convenio Colectivo ni el contrato individual, y con la reforma en debate sí se podría hacer, lo que legalizaría el apriete al trabajador y algo mucho peor: se le podrían modificar las condiciones de trabajo, y lo único que podría reclamar el trabajador es considerarse despedido”.

Menos indemnización y más horas de trabajo

Con la excusa de bajar los costos laborales, el proyecto oficial busca disminuir las indemnizaciones: “Se contabilizaría para el cálculo el salario básico, excluyendo las comisiones, bonificaciones y todos los plus que el trabajador cobra por su trabajo, que no son un regalo del empleador”, aclara Cremonte.

Además, el proyecto contempla la creación de un fondo de cese laboral, “una suerte de seguro para afrontar las indemnizaciones, que al empleador le saldrían gratis, porque no las pagaría él, sino ese fondo. Y las indemnizaciones por despido sin causa son un derecho del trabajador que también funciona como efecto disuasivo”.

“Lo más grave de la reforma es que busca que el trabajador renuncie a lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo, el Convenio Colectivo y el contrato individual, lo que legalizaría la posibilidad de que el empleador modifique las condiciones de trabajo”.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

El otro punto polémico, claramente anti obrero, es el tema de la jornada laboral: “No solo están pensado en intensificar la duración de la jornada, sino que buscan establecer una pérdida de soberanía del trabajador a la hora de organizar su vida, porque quieren crean un banco de horas, copiado de la reforma brasilera, que habilitaría al empleador a que decida cuántas horas trabaja una persona por día, con la posibilidad de modificarlas. Luego se sacaría un promedio anual y recién ahí, si sobran horas, se las pagarían, eliminando así las horas extras, que es decisión del trabajador si las trabaja o no. En la práctida dejaría de tener potestad sobre su vida”.