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Raúl Dellatorre

Editor General de Motor Económico

columnista alreves.net.ar

¿Y si el 2019 fuera peor aun?

Cuatro días antes de que familias y grupos de amigos se reúnan para cerrar el año brindando y formulando sus deseos para el que viene, el gobierno nacional ya les anticipó lo que les espera en el 2019. No es que estos aumentos vayan a cambiar la perspectiva que trabajadores y empresarios ya tenían, pero indudablemente la dimensión del nuevo tarifazo ensombrece aun más las posibilidades de una salida. Muchas empresas –y sí, son muchas– llegaron al tramo final de 2018 casi con el último aliento, intentando vanamente vender sus stocks de productos en mercados deprimidos y sin los pedidos habituales que habitualmente solían recibir, para estas fechas, pensando en el inicio de la nueva temporada. Algunas grandes firmas cerraron, licenciaron a su personal por algunas semanas, y esperan a tener un panorama distinto en 30 o 45 días. Otros empresarios admiten que este será el primero año que cierren “por vacaciones”, porque no hay trabajo para hacer y prefieren ahorrar el costo de mantenimiento. Por la caída en las ventas, por las dificultades en la cadena de pagos, por el aumento de costos de servicios e insumos dolarizados, por la imposibilidad de tomar un crédito a las tasas vigentes, no dudan en calificar a 2018 como “el peor año para la industria y el comercio en décadas”. Pero ninguno de los conflictos latentes parece tener miras de respuesta en las políticas del gobierno, tan preocupado en cerrar las cuentas con el FMI como desentendido del drama que se vive en la economía real. ¿Y si 2019 resultara un año peor, aun, de lo que fue 2018?

El bombardeo de aumentos con los que la gestión de Cambiemos festeja la llegada del Nuevo Año abarca el transporte en subte, tren y colectivo, acumulando subas del 40 al 50 por ciento para cada uno de ellos a lo largo de los primeros cinco meses del año. Año que aún no alumbró pero ya se sabe que la luz tendrá, como mínimo (con tarifas dolarizadas, nunca se sabe), un aumento escalonado que acumularía el 55 por ciento hasta agosto. El gas y el agua también aumentan. Todos esos ajustazos son principalmente para los usuarios y consumidores del área metropolitana. En el interior, cada administración local verá como se arregla, con un subsidio mínimo que la administración nacional promete aportar, para decidir qué parte del subsidio mantiene y qué parte de los mayores costos estimados recae en la factura o el boleto. Son los méritos de “un federalismo en serio”, como lo llamó Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, al anunciar los aumentos, en un discurso que curiosamente se destacó por los autoelogios a su propia gestión. ¿Quién no hubiera querido estar presente para estrecharlo en un abrazo y agradecerle por el Metrobus, en el día que estaba anunciando un aumento del 55 por ciento en el pasaje en colectivo? Dicho sea de paso, con el primer tramo del aumento previsto para 2019, el pasaje mínimo, que valía 6 pesos al inicio de 2018, alcanzará los 15 pesos un año después. Como señala Tomás Lukin en su nota de ayer, un 150 por ciento de aumento que supera en 50 puntos aproximadamente el salto de la paridad cambiaria y en 100 puntos la tasa de inflación en el mismo período. Agregamos a ese cálculo que estos números, que también alcanzan a otros servicios públicos, se empiezan a parecer mucho, en su magnitud, a los incrementos que en 1975 caracterizaron lo que se conoció como “Rodrigazo”, el violento plan de ajuste y redistribución regresiva aplicado en junio de ese año por el gobierno de Isabel Perón, y que marcó el inicio del fin del período democrático. Mauricio Macri empieza a transitar su último año de gestión con este otro tarifazo como antecedente.

No es la única señal de cómo será el contexto de la política económica del Nuevo Año, pero es una más de otras que van en la misma línea. Porque si el gobierno asume el costo que pueda tener en términos políticos semejante mazazo al presupuesto de cualquier hogar de trabajadores, es porque coloca el compromiso de cumplir con el programa del FMI por delante de todo. Incluso frente al riesgo de que este encarecimiento de los servicios energéticos pueda estar ahogando aun más a una industria ya asfixiada. Inmediatamente después de anunciado el tarifazo, el secretario de Energía, Javier Iguacel, salió eyectado del gobierno, y no precisamente por estar en desacuerdo con ese castigo brutal a los usuarios. Por el contrario, alguna versión periodística señala que se habría comprometido con subsidios a la industria petrolera que el Ministerio de Hacienda no está dispuesto a ceder, porque se sale de la letra del papel firmado con el Fondo Monetario. Iguacel se fue a la banquina. Lo reemplaza un militante activo del ajuste, Gustavo Lopetegui, a quien se le atribuye además una responsabilidad compartida en la explosión cambiaria de la primera mitad de año, como firme sostenedor del manejo monetario del Banco Central.

Tampoco las tasas de interés dan señales de aflojar, en un año en el que, además, la conducción económica se verá limitada en la posibilidad de echar mano a otros recursos. Los dólares serán escasos y sólo a partir de una visión muy optimista se puede sostener que el financiamiento del FMI alcanzará para llegar sin sobresaltos a fin de año. Para que esta escasez de divisas no se transforme en una insostenible presión devaluatoria, la conducción económica (Nicolás Dujovne y Guido Sandleris) sostienen que mantendrá con mano firme la política dura de tasas de interés, que se instalaron muy cómodamente desde hace semanas entre el 59 y 60 por ciento como valor de referencia, reflejándose en tipos de interés del 85 al 100 por ciento para los clientes de bancos grandes cuando requieren cubrir sus necesidades de capital de trabajo.

Bajo estas condiciones, con un presupuesto público recortado que contagia ajuste a las administraciones provinciales y municipales (como parte del mentado “verdadero federalismo”), con salarios deprimidos y que volverán a quedar rezagados con los tarifazos, y con empresas locales sin posibilidades de financiar inversiones y ni siquiera capital de trabajo, las expectativas de reactivación desde el frente interno están clausuradas. Las expectativas del gobierno vuelven a estar puestas afuera. “Pero los sueños de una reactivación externa chocan con la realidad de un modelo económico agotado”, señalaba en su informe de fines de noviembre el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). “Si las inversiones externas no arribaron cuando la economía argentina disfrutaba de abundante financiamiento internacional y cierta reactivación interna, nadie en su sano juicio espera que vengan con un mercado de crédito cerrado y una actividad productiva sacrificada en el altar de las exigencias del FMI”, decía, sin que los hechos de las últimas cuatro semanas lo desmintieran. Al contrario.

Es más. En aquel informe, el CESO anticipaba nuevos desequilibrios en el frente externo precisamente por la desconfianza que generaría el riesgo de que Argentina vuelva a entrar en crisis financiera durante 2019. Las estimaciones del FMI respecto de la dinámica en el sector externo, señalaba, delatan “una visión sumamente optimistas del escenario argentino (…). Lo más probable es que tal escenario esté lejos de cumplirse”. La suba del riesgo país de la última semana corrobora ese enfoque anticipatorio. Por otra parte, no hay que ser un investigador demasiado exigente para encontrar múltiples casos en los que el FMI le pifió en sus pronósticos o recomendó “planes de rescate” que terminaron con los países que los aplicaron en el fondo del mar.

La proyección que hace el FMI para 2019 supone, por ejemplo, que se revierte la fuga de capitales y que el flujo de activos externos pasa a ser positivo. Es decir, repatriación de capitales, ingreso de otras colocaciones y préstamos de corto plazo que superen las salidas por fuga, pago de utilidades y dividendos e intereses. De acuerdo a los cálculos del Fondo, de allí podría quedar un saldo favorable de 2432 millones de dólares.

Por el contrario, la estimación del CESO era que, “ considerando que 2019 es un año eleccionario y que de allí en adelante la sustentabilidad externa se encuentra lejos de estar garantizada, es muy poco probable que el sector privado se mantenga inalterado y confiado en la estabilidad financiera argentina. Por este motivo, decidimos estimar dos escenarios de crisis: uno de corrida cambiaria y otro de corrida bancaria. Tales escenarios son propios de una crisis estructural para nuestra economía, insuperable a través de ajustes fiscales o devaluaciones contractiva”.

En el nuevo informe mensual del CESO, de esta semana, luego de ratificar las advertencias formuladas en el anterior, repasa las condiciones actuales y sus perspectivas. “La elevada incertidumbre cambiaria reinante indujo al gobierno a pagar muy elevadas tasas de interés para intentar contener la dolarización de carteras. Más allá de las limitaciones de semejante política en el mediano plazo, la medida terminó de derrumbar el crédito a la actividad privada, dando la estocada final al consumo y la inversión productiva. El PBI descendió un 3,5 por ciento interanual en el tercer trimestre del año y la inversión lo hizo un 11,2. Las proyecciones hacia fin de año del CESO prevén una baja acumulada cercana al 3 por ciento en el PBI, mientras que el propio oficialismo presupuestó una baja de la inversión cercana a los 10 puntos porcentuales para el próximo año”.

En las condiciones proyectadas por el Fondo, el consumo y la inversión ya estaban hundidos. La apuesta era al sector externo, del que no se puede esperar nada siendo realista. En una recesión que seguramente se prolongará más allá del verano, se resentirá el pago de impuestos y se incumplirán las metas fiscales. El presupuesto cero no podrá cumplirse. ¿Habrá un nuevo rescate del Fondo en marzo, cuando ya se prevea la imposibilidad de alcanzar la meta? Sin entrar a considerar el escenario de “corrida cambiaria” o “corrida bancaria” que sugirió el CESO. Mientras tanto, la economía real –la producción, el empleo, los salarios, el consumo– seguirán sufriendo las consecuencias. Pocas semanas atrás, Miguel Acevedo, presidente de la UIA, decía: “Terminamos un muy mal año 2018, pero más me preocupa la perspectiva de 2019”. Se entiende por qué.

Publicado en Página 12.