Zona de cacería

17
diciembre
2021

Zona de cacería

Los más de veinte años de rechazo a la megaminería en Chubut fueron vapuleados en un abrir y cerrar de ojos.

Además de la puñalada que significó la sorpresiva aprobación del proyecto de zonificación minera, el gobierno de Mariano Arcioni le sumó una bestial represión policial y una verdadera cacería de manifestantes.

Desde el CELS recordaron que este accionar por parte de las fuerzas de seguridad se incrementó luego de que el gobierno provincial presentó el proyecto el año pasado.

Reiteraron su pedido de derogación de los protocolos de seguridad que rigen en la provincia.

Promesas, solo promesas

Dentro del historial de la población chubutense emerge, con mucha fuerza, su resistencia y rechazo a los grandes emprendimientos megamineros que se relamen desde hace años frente a la posibilidad de explotar sus recursos.

Quien había prometido cuidarlos y defenderlos – el gobernador Mariano Arcioni– ahora es el principal socio de la multinacional Pan American Silver.  

Su compromiso con la compañía canadiense es de tal magnitud que promovió una sorpresiva aprobación del proyecto de zonificación minera en la meseta chubutense, traicionando a toda una sociedad que se opone fervientemente a la iniciativa.

Con movilizaciones en todo el territorio e intensas protestas en más de diez edificios públicos, los manifestantes expresaron su profundo malestar.

Fueron bestialmente reprimidos. Hubo decenas de heridos y al menos siete detenidos.

“Mientras intentábamos escaparnos de la represión, la camioneta de la policía pasó y disparó con total impunidad”

Santiago Vasconcelos, biólogo y asambleísta de Chubut

En medio de la violencia desplegada por la gestión provincial, Mariano Arcioni promulgó la ley ignorando completamente la furia popular y grabó un mensaje en donde aseguró que no iba a permitir que “los violentos pisotearan los derechos de toda una provincia”.

Mancomunadamente, el ministro de Seguridad Leonardo Das Neves, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad. Consideró que habían actuado con mucha profesionalidad y que no tenía nada que reprocharles.  

La megacacería

En función de los últimos acontecimientos, no hay posibilidad de megaminería sin cacería de manifestantes.

Desde el CELS, recordaron que la represión de las protestas, las detenciones arbitrarias y los allanamientos en las viviendas de los asambleístas se incrementaron a partir de que el Ejecutivo presentó el proyecto de zonificación en la Legislatura el año pasado.

A su vez, reiteraron su pedido de derogación de los protocolos policiales que aumentan los niveles de violencia y limitan el ejercicio de la protesta social.

Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del CELS, precisó que este tipo de prácticas persiguen un fin intimidatorio.

Buscan generar miedo en la población y que regresen a sus casas.

Con respecto a las declaraciones del gobernador Arcioni y de su ministro de Seguridad, el investigador adjudicó el origen de la indignación social al mal funcionamiento que viene teniendo el sistema político de Chubut.

“En lugar de pacificar, la actuación policial lo que hace es agravar el ciclo de violencia”

Manuel Trufó, del CELS

A pesar de que el rol del Estado es velar por el derecho a la protesta social de la población, consigue aprovechar determinadas “situaciones puntuales” – posibles disturbios – que terminan siendo excusas para intervenir de manera represiva.

En una provincia que tiene un clima semiárido, con estrés hídrico y con un solo río que va desde la Cordillera a la costa, el gobierno de Mariano Arcioni les clavó una verdadera puñalada a sus habitantes.

La megaminería fue aprobada en un abrir y cerrar de ojos. A espaldas de un pueblo que desde hace más de 20 años le dice que “no” al extractivismo en su territorio, pero que piensa seguir dando batalla.

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